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Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF

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El Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de octubre de 2018, ha resuelto que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF.

Como recordareis, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había declarado en varias sentencias, que dichas prestaciones debían quedar exentas de dicho impuesto. El Abogado del Estado recurrió a Tribunal Supremo la STSJ de Madrid de 29 de junio de 2017 al considerar que era contradictoria con lo dispuesto por otros tribunales superiores de justicia, concretamente con los fallos del TSJ de Castilla y León y de Andalucía.

Pues bien, el Tribunal Supremo considera en esta sentencia que la prestación por maternidad percibida del INSS puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF, cuando dispone que “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”.

Os recordamos que tenéis disponible la sentencia del Tribunal Supremo.

Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF

Los argumentos que llevan al TS a tal conclusión se sintetizan en los siguientes:

1. Porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.
2. Una interpretación gramatical de la norma.
3. Una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. Os adjuntamos la sentencia y os recordamos que tenéis disponible en nuestra página web un especial dedicado a este tema.

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Esperamos que esta información sea de vuestro interés.

El proyecto de Ley de Secretos Empresariales inicia su tramitación

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El pasado viernes 25 de mayo el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales. A través de dicha norma se transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 8 de junio de 2016, que pretende reforzarla protección de la información empresarial no divulgada contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, dado que no existía un similar grado de protección de dicha materia entre los estados miembros.

La realidad del mundo globalizado en el que nos encontramos, así como el mayor uso de las nuevas tecnologías en relación a la información y a los medios de comunicación hacen necesaria una mayor protección a las empresas ante prácticas desleales relativas a los secretos empresariales, tanto en su obtención, utilización y/o revelación ilícita. La cobertura que se pretende no solo abarca conocimientos técnicos, sino que se amplía el perímetro hacia otros datos susceptibles de protección, como pueden ser la información sobre clientes y proveedores o estudios, informes o estrategias de mercado. Es por ende que el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales viene a reforzar la seguridad jurídica de los titulares de secretos empresariales, suponiendo, sin lugar a dudas, una apuesta por aumentar el valor de la investigación y las innovaciones.

El Proyecto de Ley contiene veinte artículos distribuidos en cuatro capítulos que señalaremos a modo de resumen a continuación. Una de las novedades más significativas la encontramos en la definición de “secretos empresariales” que encontramos en el capítulo I, que hace que entendamos como tal, cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa, que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

En su capítulo II el Proyecto enumera y diferencia las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales de aquellas prácticas de obtención, utilización y revelación de información que se consideran lícitas.

Asimismo, el capítulo III recoge las acciones de defensa de los secretos empresariales, que tendrán que ejercerse de forma proporcionada y evitando los obstáculos al libre comercio evitando en cualquier caso la mala fe o el abuso del derecho, llegándose a velar especialmente por la indemnización de daños y perjuicios y se fija el plazo de prescripción de las acciones.

Finalmente podemos encontrar en el capítulo IV uno de los aspectos que más se refuerzan en el Proyecto de Ley tendentes a garantizar la tutela judicial efectiva del titular de secreto empresarial. Se regulan aspectos procesales que ofrecen al afectado herramientas efectivas como es un proceso eficaz, se vela por la no dilación del procedimiento, normas sobre las diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba y sobre medidas de aseguramiento de la prueba, e incorpora reglas específicas en material de medidas cautelares.

Comunicación de los titulares reales de las sociedades mercantiles

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Los Registros Mercantiles exigirán este año, junto con el depósito de cuentas anuales de cada sociedad mercantil, que aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25 por ciento de su capital social, presenten una declaración comunicando los datos.

Así se establece en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a presentarlas, publicada el 28 de marzo en el BOE y que el 29 de marzo entró en vigor.

Comunicación de los titulares reales de las sociedades mercantiles mediante la presentación de las Cuentas anuales

En general se entiende por titular real a la persona o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Si el control es indirecto por medio de persona jurídica debe indicarse su identidad.

En ejercicios sucesivos este formulario solo deberá ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real. Esta nueva exigencia de control viene motivada por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real.

Cuantía de maternidad y paternidad de autónomos 2018

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El pasado 1 de marzo entró en vigor una de las novedades que introdujo la Ley 6/2017, de reformas urgentes del trabajo autónomo, que hace referencia a la cuantía de las prestaciones por maternidad y paternidad de los trabajadores autónomos.

Concretamente, conforme establecen sus disposiciones finales cuarta, que modifica el artículo 318 de la Ley General de la Seguridad Social, y decimotercera, con efectos a partir de esa fecha cambia la cuantía de la base reguladora sobre la que se calculan ambas prestaciones.

Y es que, hasta ahora, la prestación económica por maternidad y paternidad de los autónomos consistía en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora igual a la establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que era: Base de cotización mes anterior/30 (o nº días cotizados)

La cuantía de maternidad y paternidad de autónomos 2018 se establecerá con un nuevo cálculo

A partir del 1 de marzo de 2018, la cuantía del subsidio por maternidad y paternidad será del 100% sobre una base reguladora cuya cuantía diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta que, si el autónomo no ha estado de alta en el régimen especial durante esos seis meses, se dividen las bases de cotización acreditadas en ese periodo entre los días en que el trabajador haya estado en alta.

Es decir: Base de cotización seis meses anteriores (o periodo menor) /180 días (o nº días cotizados en esos 6 meses)

Ejemplos:

Si el autónomo ha cotizado los seis meses anteriores al hecho causante por la base mínima de 919,80 euros y se acoge a la prestación por maternidad o paternidad, la base reguladora será: 919,80×6 / 180
Si ha cotizado los seis meses anteriores, los dos primeros por la base mínima y los cuatro siguientes ha optado por la base máxima: (919,80×2) + (3.751,20×4) / 180
Si ha cotizado únicamente dos meses de los seis anteriores, por la base mínima: 919,80×2 / 60
Si ha cotizado únicamente dos meses por la base mínima y tres meses ha optado por la base máxima, en los seis anteriores: (919,80×2) + (3.751,20×3) / 150
Lo que es más ajustado a la situación real del trabajador, al estar relacionado con la posibilidad introducida por la Ley de cambiar la base de cotización cuatro veces al año, a fin de adaptarla mejor a los ingresos.

¿Quién debe pagar los impuestos en la constitución de una hipoteca?

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El Tribunal Supremo ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones resuelto en los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, (se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados).

El Tribunal matiza que:

  • Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.
  • Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días…

 

Modelo 720 Declaración sobre bienes y derechos en el extranjero

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I. PLAZO
El plazo para presentar esta declaración correspondiente al ejercicio 2017 finaliza el 2 de abril 2018.

II. OBLIGADOS A PRESENTAR EL MODELO 720

Están obligados a presentar esta declaración tributaria, entre otros, las personas físicas o entidades residentes en el estado español, incluidos los obligados tributarios residentes en los territorios forales de País Vasco y Navarra.

También estarán obligados a presentar el modelo 720 determinadas personas físicas:

– Miembros de misiones diplomáticas españolas.
– Miembros de las oficinas consulares.
– Titulares de cargo o empleo oficial del Estado español.
– Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial.
– Residentes en España acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados.

III. OPERACIONES A DESGLOSAR EN EL MODELO 720

En la práctica, las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero se concentran en tres categorías:

  • Información sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.
    – Razón social y domicilio de la entidad bancaria.
    – Identificación completa de las cuentas.
    – Fecha de apertura o cancelación, en su caso, fecha de concesión o revocación de la autorización.
    – Saldos de las cuentas a 31 de diciembre.
    – Saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

No obstante, no existirá obligación de informar cuando:

– Los saldos a 31 de diciembre no superen conjuntamente los 50.000 euros y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios del último trimestre. En los siguientes años sólo será obligatoria la presentación cuando cualquiera de los saldos conjuntos a 31 de diciembre o el saldo medio hubiesen experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración presentada.

  • Información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u
    obtenidas en el extranjero.

Debe ser objeto de declaración lo siguiente:

– Los valores y derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica.
– Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.
– Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trust” o masas patrimoniales que, no obstante, carezcan de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.

  • Información sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

Deben ser objeto de declaración bienes inmuebles o derechos sobre los mismos situados en el extranjero de los que sean titulares o tengan la consideración de titular real, a 31 de diciembre de cada año o en cualquier momento del año a que hace referencia la declaración, si ya no tuviera tal condición a final de año.

IV. BIENES EXCLUIDOS DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR

Determinados bienes tales como obras de arte, lingotes de oro, o joyas, al no tener la consideración de cuenta financiera.

V. RÉGIMEN SANCIONADOR

  • Infracción formal:
    – Multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
    – Sanción de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, por declaración presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.
    – De igual manera se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.
  • Ganancia no justificada:

– La falta de presentación de la declaración informativa, o el incumplimiento de la obligación de informar en plazo, acarrea la perdida de la prescripción fiscal a efectos del IRPF e IS:
 * Calificación de la infracción: Muy grave.
* Sanción: Multa pecuniaria proporcional del 150% de la base
sancionable.

VI. CONSECUENCIAS DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL MODELO 720 SIN REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

Según la consulta vinculante de la DGT V1434-17, de 6 de junio, la presentación fuera de plazo del modelo 720 sin requerimiento previo de la Administración, tendrá las siguientes consecuencias:

  • Se aplicarán las sanciones por infracción formal (100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada bien o derecho según su clase, con un mínimo de 1.500 euros por cada bloque de bienes o derechos).
  • El contribuyente procederá a regularizar (voluntariamente) las ganancias patrimoniales no justificadas del art. 39.2 de la LIRPF, salvo en aquellos casos en los que se pueda probar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas o con anterioridad a la adquisición de la residencia fiscal en España. Dicha regularización tendrá lugar mediante la presentación de una autoliquidación extemporánea de IRPF correspondiente al ejercicio más antiguo entre los no prescritos.
  • No se aplica la sanción del 150% sobre la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación del artículo 39.2 LIRPF.
  • Procederá, en su caso, la aplicación de los recargos por declaración extemporánea del artículo 27 LGT (5, 10, 15 ó 20 por ciento sobre el importe a ingresar según el retraso).

Para cualquier duda o cuestión, contacta con nuestro despacho 

Cuantía de las prestaciones familiares enero 2018. Circular Laboral

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Durante el año 2018 se incrementan un 0,25% la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo, con 18 o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Quedan exceptuadas del incremento las cuantías del resto de las prestaciones familiares de la Seguridad Social.

Para 2018, las cuantías de las prestaciones familiares quedan establecidas del siguiente modo:

1.- Por nacimiento o adopción de hijo en familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad: 1.000.-€

2.- Por asignación de hijo a cargo. Al igual que en el ejercicio anterior, los límites de ingresos para tener derecho a estas asignaciones económicas por hijo o menor a cargo, quedan fijados durante 2018 en: 11.605,77 €/año; y, si se trata de familias numerosas, en 17.467,40 €/año, incrementándose en 2.829,24 € por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido.

• Por hijo o menor acogido sin discapacidad: 291.-€

• Por hijo o menor acogido con discapacidad igual o superior al 33%: 1.000.-€

• Por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad: – Con discapacidad igual o superior al 65%: 4.438,80.-€ – Con discapacidad igual o superior al 75% y necesitado de ayuda de una tercera persona: 6.658,80.-€.

1. EFECTOS ECONÓMICOS DE LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Se modifica la regulación relativa a la acción protectora de la Seguridad Social de estos trabajadores, fijando como regla general la fecha de devengo de las prestaciones desde el día siguiente al que concurran los requisitos necesarios para causar el derecho, en lo referente a los efectos económicos de las prestaciones de la Seguridad Social, posibilitando que haya una correspondencia con la fecha del cese en la actividad.

En este sentido, desde el 1-1-2018, se introducen las siguientes modificaciones:

1.- Las prestaciones económicas de carácter periódico se devengan desde el día siguiente en que sean causadas, siempre que la solicitud sea presentada dentro de los 3 meses siguientes a la referida fecha. En otro caso, solo se devengan con una retroactividad máxima de 3 meses contados desde la fecha de la presentación de la solicitud.

2.- La fecha del hecho causante de las prestaciones de incapacidad permanente se determina:

a) Con carácter general, de igual modo que en el RGSS.
b) Para quienes no se encuentren en alta ni en situación asimilada a la de alta, la prestación se entiende causada el día de la presentación de la solicitud.

3.- Para quienes se encuentren en alta, la pensión de jubilación se entiende causada el día en que surta efectos la baja en el régimen especial como consecuencia del cese en el trabajo.

4.- Las prestaciones por muerte y supervivencia se entienden causadas el día en que surta efectos la baja en el régimen especial como consecuencia del fallecimiento. Si las prestaciones se causan por quienes no se encuentren en alta ni en situación asimilada a la de alta, el hecho causante se entiende producido en la fecha del fallecimiento.

2. EXCEDENCIA POR CUIDADO DE UN FAMILIAR EN CASO DE HIJO MENOR DE EDAD PERO MAYOR DE 3 AÑOS

Se cuestiona si es posible conceder a un trabajador una excedencia con reserva de puesto de trabajo para el cuidado de un familiar cuando el sujeto causante es un hijo menor, mayor de 3 años, motivo por el que no puede valerse por sí mismo, pero que no está enfermo, accidentado ni discapacitado. El ET art.46.3 contempla dos supuestos diferentes de excedencia para atender al cuidado de familiares:

1. Para el cuidado de hijo, cuya duración máxima es de 3 años desde su nacimiento o resolución judicial o administrativa -en caso de adopción o acogimiento-, que es de carácter específico.

2. Para el cuidado de familiares hasta el segundo grado que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida, cuya duración máxima es de 2 años, que es de carácter genérico ya que no tiene límite de edad del causante.

La situación de protección del menor a causa de su edad está expresamente protegida por medio de la excedencia específica para el cuidado de hijos, que llega hasta un máximo de 3 años. Y este límite de edad no puede eludirse acudiendo a la excedencia por cuidado de familiar, puesto que los sujetos causantes son distintos, salvo cuando se trate de hijos enfermos, accidentados o discapacitados.

La AN considera que el legislador ha querido distinguir entre una y otra clase de excedencia y, aunque reconoce que este límite temporal puede parecer insuficiente en aras a conciliar la vida laboral y familiar, señala que no puede implantarse otro superior en sede judicial.

3. EMPLEADOS DE HOGAR.

El Salario mínimo interprofesional de empleados de hogar para el año 2018 se incrementa en un 4%, por lo que la cuantía mínima es de 735,9 €/mes; 5,76 €/hora.

4. EXTINCIÓN de la personalidad jurídica del empleador.

La extinción de la personalidad jurídica del empresario constituye una causa extintiva eficaz por sí misma, si bien para hacerla valer debe seguirse el procedimiento de despido colectivo. Una empresa de radiotelevisión autonómica lleva a cabo un despido colectivo que es declarado judicialmente nulo, estableciéndose el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación en sus puestos de trabajo. Esta resolución no es recurrida y gana firmeza.

Posteriormente, sin intervención judicial, la empresa reincorpora a los trabajadores despedidos, abonando salarios de tramitación y cotizaciones. Al tiempo, les concede permiso retribuido. Por ley se suprime el servicio público de radiotelevisión y posteriormente, también por ley, se da un giro a lo en ella establecido y se recupera la prestación. Como consecuencia de la primera ley, la corporación lleva a cabo el despido colectivo de su plantilla. Así el día en el que se acuerda disolver, liquidar y extinguir la empresa, los liquidadores notifican a los representantes de los trabajadores el inicio del procedimiento de despido colectivo. Aducen la concurrencia de causas económicas y por supuesto, la supresión del servicio.

El recurrente se queja de que el despido colectivo venga basado tanto en la extinción de la persona jurídica del empleador cuanto en problemas económicos; a su entender la única causa legitimadora del despido colectivo es el cese del servicio público. Acusa a la empresa de haber extinguido los contratos de trabajo al amparo de una causa distinta y contraria a la determinada por la ley.

La extinción de la personalidad jurídica del empresario constituye una causa extintiva eficaz por sí misma, si bien para hacerla valer debe seguirse el correspondiente procedimiento de despido colectivo. Que la extinción de la personalidad jurídica se base, a su vez, en problemas económicos graves y que ambos datos sean considerados como causas válidas de despido no colisiona con norma alguna, sino que constituye un supuesto en el que queda claro que la desaparición de la persona jurídica no se ha utilizado fraudulentamente. Todo lo contrario: trae causa de una Ley válida y de la grave situación económica concurrente. Es imposible declarar la nulidad del despido colectivo por no haberse obtenido la previa autorización administrativa por la sencilla razón de que esa no es la causa en que el empleador se ha basado para llevarlo a cabo.

5. FALTA DE VALIDEZ DEL ACUERDO DE DESCUELGUE

No es válido el acuerdo de descuelgue alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores si el pacto alcanzado no se ha aportado a la Comisión Paritaria para que resolviese sobre su contenido, requisito obligatorio establecido en el convenio cuya inaplicación se pretende.

Una empresa que alega pérdidas, pretende dejar en suspenso las condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo de sector que le es de aplicación.

Este convenio establecía que, en caso de pacto o acuerdo escrito entre la empresa y sus representantes sindicales, o trabajadores, en su defecto, para la no aplicación de las condiciones económicas del mismo, se tenía que aportar dicho documento a la Comisión Paritaria, que tendría que resolver lo que proceda, entendiéndose concedida la autorización de descuelgue, si en el plazo de 15 días a contar de la presentación de la solicitud, no recayese resolución expresa, aportando la empresa una propuesta económica alternativa, si la hubiese.

La empresa, en este caso, no lo aporta a la Comisión Paritaria, alegando que es suficiente con notificarlo a dicha comisión. La cuestión consiste en determinar si el acuerdo de descuelgue en esas condiciones es válido o no.

Es la Comisión Paritaria, la que una vez aportado el pacto o acuerdo escrito entre la Empresa y sus representantes sindicales, o trabajadores, ha de resolver lo que proceda, entendiéndose concedida la autorización de descuelgue, si en el plazo de 15 días a contar de la presentación de la solicitud, no recae resolución expresa. Por lo tanto, acuerdo de descuelgue alcanzado carece de validez.

6. SUSPENSIÓN DE CONTRATOS POR CAUSAS OBJETIVAS

Es nulo el ERTE suspensivo si las causas económicas y productivas invocadas son de carácter estructural, derivadas de que el nivel de ingresos no permite absorber el elevado nivel de costes operativos, en su mayoría costes fijos, existiendo problemas para el cobro de los clientes.

Una empresa promueve un ERTE consistente en la suspensión de 318 contratos y la reducción entre el 10% y el 70% de 151 por presentar graves pérdidas, ocasionadas por dificultades estructurales, que se han agravado por procedimientos administrativos promovidos por la TGSS, que embargó sus cuentas, lo que acentuó sus problemas de liquidez y colocó a la empresa en situación de insolvencia, colocándose en situación concursal tras concluir el período de consultas. Este ERTE es impugnado.

La imposición de las medidas de flexibilidad interna o externa exige acreditar, además de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas en que se apoyen, que su intensidad sea de tal magnitud que vacíe de contenido económico los contratos de trabajo, en cuyo caso la extinción será justificada, o reduzcan significativamente su eficacia y eficiencia económica, en cuyo caso procede desplegar medidas de flexibilidad interna. La adecuación entre la intensidad de las causas y las medidas tomadas debe realizarse conforme a técnicas de razonabilidad y proporcionalidad.

La suspensión de los contratos de trabajo, especialmente cuando se trate de suspensiones prolongadas, constituye una medida grave para los trabajadores, que exige, cuando concurran causas suficientes, acreditar de modo razonable y proporcionado, que su aplicación va a permitir a la empresa contribuir a resolver el problema coyuntural que le aqueja. El alcance y la duración de la suspensión se tiene que adecuar a la situación coyuntural que se pretende superar, tales como situaciones económicas pasajeras, cambios técnicos y organizativos que produzcan una dificultad de adaptación provisional; es una medida adecuada cuando las causas no inciden de forma permanente en la situación de la empresa y sus efectos son superables con medidas no definitivas, sirviendo estas medidas para superar lo antes posible los efectos negativos de las causas coyunturales. No cabe admitir suspender contratos de trabajo, cuando la causa económica, técnica, organizativa o productiva es de tal intensidad que hace inviable la continuidad de la empresa.

En este caso concreto, se considera que no son adecuadas a la situación económica y productiva de la empresa al no tratarse de una situación coyuntural, puesto que los problemas de la empresa son problemas estructurales, derivados principalmente de que el nivel de ingresos de la empresa no permite absorber el elevado nivel de costes operativos, los cuales son en su mayoría costes fijos, existiendo problemas para el cobro de los clientes. Es evidente que el problema no se va a resolver simplemente con la reducción de los costes salariales, aunque dicha medida alivie la tesorería de la empresa, puesto que no basta con poder pagar los salarios de parte del personal, sino que es preciso, además, generar dinero suficiente para hacer frente a las demás obligaciones de la empresa.

Por consiguiente, las medidas impuestas por la empresa constituyen un claro fraude de ley, así como un manifiesto abuso de derecho, al ser inadmisible, que una plantilla, que soportó tres ERTES en la empresa anterior, que no impidieron un despido masivo, se vea obligada a soportar otro ERTE masivo, cuya viabilidad no se ha demostrado en modo alguno, por lo que se declara la nulidad de la medida.

7. VIDEOVIGILANCIA OCULTA Y DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS TRABAJADORES.

La vigilancia de los trabajadores a través de cámaras ocultas, incluso previas sospechas fundadas de conducta irregular posteriormente confirmadas, vulnera el derecho a la vida privada e implica un daño moral indemnizable. No obstante, si en juicio se aportan otras pruebas que demuestran la conducta sancionable, el despido puede ser calificado como procedente.

Ante los descuadres observados por el director de una de las tiendas de una cadena de supermercados, la dirección decide instalar un sistema de videovigiliancia oculto en las cajas para confirmar sus sospechas. Los trabajadores no son advertidos de esta circunstancia, pero sí lo son de la instalación de otras cámaras visibles situadas en la entrada de la tienda.

Las cámaras ocultas captaron a varias trabajadoras que por sí mismas o ayudadas por otras compañeras o por clientes se apropiaban de productos sin pagarlos. La empresa se reúne con todas las trabajadoras implicadas y les muestra las imágenes obtenidas que previamente se habían visionado por la dirección de la empresa y por los representantes de los trabajadores. Las cinco trabajadoras implicadas en los hechos son despedidas y tres de ellas firman un acuerdo por el que se comprometen a no impugnar el despido a cambio de que la empresa no inicie acciones penales contra ellas. Pese al acuerdo, todas las trabajadoras reclamaron judicialmente frente al despido que fue declarado procedente tanto en la instancia como en suplicación, admitiéndose como prueba legítima las imágenes captadas con las cámaras ocultas.

Reclaman las trabajadoras ante el TEDH por considerar vulnerados dos de sus derechos fundamentales. El tribunal de Estrasburgo estima la existencia de una violación de su derecho a la intimidad (CEDH art.8) y les reconoce una indemnización de 4.000 € a cada una de ellas por daño moral, pero considera que no existe vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (CEDH art.6.1). Sus argumentos son los siguientes:

La videovigilancia oculta de un trabajador en su puesto de trabajo es una injerencia en su derecho a la vida privada. Este derecho incluye las imágenes grabadas de la conducta de una persona en su puesto de trabajo, ya que el trabajador no puede sustraerse al estar obligado por el contrato de trabajo.

Las imágenes obtenidas son datos que implican su almacenamiento y procesamiento y que están estrechamente vinculados a la esfera privada de los individuos. Dichas imágenes fueron, por tanto, procesadas y visualizadas por otras personas antes de que las trabajadoras fueran informadas de su existencia.

Las trabajadoras tenían derecho a ser informadas de forma previa, explícita, precisa e inequívoca de la existencia de un archivo de datos personales, ya que los datos iban a ser objeto de tratamiento. La legislación española es muy clara en el contenido que dicha información debe comprender, refiriéndose a la finalidad del tratamiento, los responsables, la existencia de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, etc. ().

Los tribunales españoles no realizaron una ponderación justa entre el derecho de las trabajadoras al respeto a su vida privada y el del empresario a la protección de su propiedad.

En cuanto a la vulneración del derecho a un proceso justo, el Tribunal valora cómo afecta la utilización de esas imágenes obtenidas ilegítimamente. Entienden que a lo largo de todo el procedimiento judicial, las trabajadoras demandantes han podido impugnar tanto la autenticidad del material obtenido, lo mismo que en sus correspondientes recursos.

Todos los tribunales analizaron y contestaron debidamente a sus objeciones. Ha de añadirse que no fueron la única prueba analizada para llegar a la declaración de procedencia de los despidos, que también se basó en pruebas testificales. Por lo tanto, no existe la vulneración de este derecho.

También alegan vulnerado este derecho al considerar que la firma de los acuerdos transaccionales se obtuvo bajo la coacción de denunciar los hechos ante la justicia penal, pero el TEDH considera que la oferta de la empresa supone el ejercicio legítimo del derecho a decidir o no un proceso penal contra unas trabajadoras que ya habían admitido voluntariamente su participación en los robos y cuyas alegaciones fueron resueltas por los tribunales españoles ofrecieron razones suficientes para considerar válido el consentimiento.

Si tenéis alguna consulta, no dudéis en consultar.

Leonor Fernández. Departamento de Laboral.

 

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Retribución de los administradores de las sociedades de capital.

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EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: retribución y responsabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo, versa sobre las reformas introducidas en el régimen aplicable a la retribución de los administradores de las sociedades de capital, reforma que era necesaria, y ello fundamentalmente a que el régimen anterior presentaba importantes deficiencias que llevaban a problemas de aplicación e interpretación de la normativa. Esta reforma llevada a cabo con la Ley 31/2017 de 3 de diciembre para la mejora del gobierno corporativo, ha supuesto una importante modificación del régimen contemplado en la Ley de Sociedades de Capital, dando nueva redacción a los artículos 217,218,219 y 249 de la LSC. Parece que se trata de una reforma orientada a obtener un mayor control de los administradores, y una mayor transparencia e información a los socios en materia de retribuciones.

2. LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES TRAS LA LEY 31/2014

Las principales particularidades introducidas con el nuevo sistema de retribución de los administradores serían:

• Artículo 217.1 LSC “El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.”

Con lo cual se mantiene, como hasta antes de la reforma, la presunción de gratuidad del cargo de administrador, salvo que los estatutos establezcan lo contrario.

• Articulo 217.2 LSC “El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:

a) una asignación fija

b) dietas de asistencia

c) participación en beneficios

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

Por tanto, no sería suficiente con decir en los estatutos que el cargo de administrador será retribuido, sino que en los mismos se debe especificar el sistema o concepto de retribución. Debemos tener en cuenta que la enumeración de los sistemas de retribución previstos en el artículo anterior, no resulta un sistema numerus clausus, por lo que no son limitativos sino meramente enunciativos, y se podrán establecer en los estatutos otras formas de retribución, según los socios convengan; En cualquier caso, si se establecen dos o más de ellos, debe hacerse de forma cumulativa y no alternativa.

• Artículo 217.3 LSC “El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.”

La remuneración de cada consejero debe ser acorde con las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno. Y en todo caso, sea cual fuere el sistema de retribución elegido, el importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de los administradores deberá ser fijado por la junta general, y el mismo estará vigente hasta que no se apruebe su modificación. De todos modos, cabe la posibilidad de que en los estatutos se haya establecido un tope máximo de la retribución de los administradores por referencia, por ejemplo a los beneficios sociales, y con posterioridad la junta general adopta un nuevo acuerdo en el cual deciden elevar el mismo dentro del periodo anual fijado. Con lo cual, es posible que determinados administradores reciban un “plus” de retribución respecto al resto de integrantes del órgano de administración. En la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 25 de febrero de 2014, se viene a señalar que no existe problema conceptual alguno en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos de los administradores frente al resto, siempre que exista un factor de distinción.

• Artículo 217.4 LSC “La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. Se establece la finalidad que debe tener el sistema de remuneración de los administradores, pero dada la generalidad e indeterminación de la norma, resultan de difícil aplicación, siendo complicado que el notario o registrador entre a calificar si un determinado sistema cumple o no con las finalidades.

Se establece la finalidad que debe tener el sistema de remuneración de los administradores, pero dada la generalidad e indeterminación de la norma, resultan de difícil aplicación, siendo complicado que el notario o registrador entre a calificar si un determinado sistema cumple o no con las finalidades.

3. DISTINCIÓN EN LA REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Con la Reforma introducida con la Ley 31/2014, se produce una clara distinción:

• Remuneración de los administradores como tales. En este caso, la ley exige que para que exista remuneración de los administradores debe constar expresamente en los Estatutos, sino se presume la gratuidad de los estatutos, como se ha expuesto con anterioridad. En los estatutos se debe especificar el sistema de retribución, y será en Junta General donde se fije el importe máximo a percibir anualmente por estos, el cual se mantendrá vigente mientras no se modifique.

• Remuneración de los administradores (consejeros o delegados) por el ejercicio de funciones ejecutivas. Su regulación se encuentra en el artículo 249 de la LSC, donde se establece la exigencia de la celebración de un contrato entre el administrador y la Sociedad. Dicho contrato debe ser aprobado previamente por el Consejo de Administración, obteniendo el voto de 2/3 partes de sus miembros, sin que participe en la decisión el administrador. Se debe detallar cuales van a ser los conceptos retributivos por el desempeño de las funciones ejecutivas. No cabe por tanto percibir cantidades por conceptos no contemplados en el contrato.

En el supuesto de realizar una operación, que como resultado de esta se van a obtener importantes beneficios para la sociedad, los cuales no estaban previstos en el contrato celebrado entre la sociedad y el administrador; la doctrina mercantilista ha venido defendiendo que para su percepción será necesario, previa aprobación por el Consejo de Administración, en las mismas condiciones. Esta dualidad de regímenes jurídicos de retribución puede resultar preocupante, al permitir una retribución estatutaria y contractual, permitiendo que esta última sea fijada por el Consejo de Administración sin la intervención de la Junta de socios. En consecuencia, dentro del consejo de administración pueden coexistir las retribuciones de los consejeros que no tienen facultades ejecutivas, y cuya retribución deriva “de su condición como tales”, haciéndose constar en los estatutos; y las retribuciones de los consejeros delegados con funciones ejecutivas, siendo necesario que se apruebe por el consejo y que se celebre un contrato entre el consejero delegado y la sociedad, no siendo necesario que figure en los estatutos. Pudiendo los consejeros ejecutivos acumular ambos tipos de retribución.

4. OTROS ASPECTOS DE LA REFORMA.

Conviene hacer notar que la redacción dada a los artículos 218 y 219 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014, introducen novedades para los supuestos en que el sistema de remuneración consista en participación en beneficios o éste vinculada a las acciones de la sociedad.

 • Remuneración mediante participación en beneficios: Se exige que sean los estatutos los que establezcan el porcentaje de participación al que tiene derecho el administrador, o alternativamente, se establezca en los mismos, un porcentaje máximo, en cuyo caso corresponderá a la Junta general determinar el porcentaje exacto aplicable dentro del máximo establecido en los estatutos. En la sociedad de responsabilidad limitada, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 218, en ningún caso dicho porcentaje podrá ser superior al 10% de los beneficios repartibles entre los socios. En la sociedad anónima, la participación sólo podrá ser detraída de los beneficios líquidos. Y se garantiza un dividendo mínimo a los accionistas del 4 % del valor nominal de las acciones o el tipo más alto que los estatutos hayan establecido.

• Remuneración vinculada a las acciones de la sociedad. En la sociedad anónima, cuando el sistema de remuneración de los administradores incluya la entrega de acciones o de opciones sobre las acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las acciones deberá preverse expresamente en los estatutos y su aplicación requerirá un acuerdo de la junta general de accionistas.

ACTUALIDAD

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª del 19 de septiembre de 2017 nº 505/2017, se ha pronunciado sobre este tema tan controvertido. La determinación estatutaria del régimen de retribución de los administradores. Se establece que es nulo el acuerdo social que establece que “el cargo de administrador será retribuido en la forma que estipule para cada ejercicio en junta general”, puesto que no se establece el sistema de retribución En base a ellos, se concluye que en la Junta General se puede fijar la cuantía de la retribución cuanto ésta consista en el pago de una cantidad fija. Pero previamente, este sistema de retribución debe estar previsto en los estatutos de la sociedad. La constancia de la retribución de los administradores en los estatutos es una mediad destinada a facilitar:

• Su conocimiento por terceros, ofreciendo de forma indirecta, protección a los socios minoritarios, dada la exigencia de un quorum superior y garantías formas que son necesarias para la modificación de los estatutos sociales.

• El control de la actuación de los administradores, dada la inicial contraposición entre sus intereses particulares en obtener la máxima retribución posible y los de la sociedad en minorar los gastos con el fin de maximizar los beneficios repartibles entre los socios.

 

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Modificaciones de la obligación de Suministro Inmediato de Información

Circulares

COMPENDIO DE NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL SISTEMA DE SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN (SII) Y EN EL RÉGIMEN SANCIONADOR POR INFRACCIONES DEL MISMO, Y MODIFICACIONES EN LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS ANUALES

En fecha 29 de diciembre el Gobierno ha aprobado un importante paquete de medidas fiscales que contienen el desarrollo reglamentario de diversos tributos directos e indirectos, así como normativa de desarrollo de varios procedimientos tributarios consecuencia de las modificaciones habidas en la Ley General Tributaria en 2012 y 2015, y otras modificaciones tributarias de menor relevancia. Las mismas han entrado en vigor, en términos generales, a partir de 1 de enero 2018, si bien algunas lo han sido con efectos retroactivos a 1 de enero 2016 y 1 de enero 2017 y otras con efectos postergados a 1 de julio 2018 e incluso con posterioridad a esta fecha.

Así pues, a través de esta Alerta Informativa exponemos las principales modificaciones habidas en materia de la obligación de Suministro Inmediato de Información (SII) afectando al reglamento del IVA y a las obligaciones de facturación, así como del régimen sancionador por infracción de la obligación SII. También les informamos de las nuevas fechas de presentación de determinadas obligaciones informativas de carácter anual para el año 2018.

  • Suministro Inmediato de Información (SII): Obligaciones existentes aplicables desde 1 de enero 2018 y modificaciones de las obligaciones existentes, con entrada en vigor 1 de enero de 2018:

a) Los sujetos pasivos obligados a utilizar el nuevo sistema de llevanza de libros registros de IVA a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, conocido como sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), deben remitir la información en el plazo máximo, con carácter general, de 4 días naturales (durante el año 2017 eran 8). Cabe recordar que por disposición expresa de la norma que regula este régimen en el cómputo de los plazos por días naturales se excluyen los sábados, domingos y las fiestas nacionales. Así pues, por ejemplo, el plazo máximo para remitir la información referente a una factura emitida el pasado día 2 de enero finalizó el 8 de enero. La AEAT ha puesto a disposición de los contribuyentes una aplicación en su página web que permite calcular el plazo máximo en que se debe suministrar la información del SII. También se ha creado un asistente virtual para resolver las dudas que puedan tener los contribuyentes sobre este sistema. Finalmente, para completar esta introducción se debe recordar que están obligados a utilizar el SII, entre otros, los sujetos pasivos que tienen la consideración de gran empresa por haber excedido su volumen de operaciones en el año natural inmediatamente anterior la cifra de 6.010.121,04 €. Estos sujetos pasivos están también obligados a presentar declaraciones mensuales de IVA y de retenciones, y a calcular los pagos fraccionados sobre la base imponible del año en curso. En relación a ello, puede haber algunas empresas que hasta ahora no estuvieran obligadas a cumplir con estas obligaciones formales y a las que a partir del 1 de enero les sean de aplicación por haber superado en 2017 el antes mencionado importe de cifra de negocios. Convendría revisar esta circunstancia y, en caso de que se hubiera superado dicho límite, presentar una declaración censal para comunicar a la Administración Tributaria la correspondiente modificación de obligaciones fiscales, así como iniciar el sistema de llevanza de libros registros de IVA a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, (SII).

b) Modificaciones en los Reglamentos del IVA y de facturación en relación al SII introducidas por el Real Decreto 1075/2017 El Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre:

  • Se faculta a la Administración Tributaria para que pueda autorizar en determinados supuestos, previa solicitud de los interesados, que en los libros registros de facturas expedidas y recibidas no consten algunas de las menciones o informaciones exigidas, así como la posibilidad de realizar asientos resúmenes en condiciones distintas a las requeridas con carácter general, cuando considere que las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad lo justifiquen y para facilitar la adopción del SII por parte de determinados colectivos o sectores de actividad.
  • En relación con las operaciones acogidas al régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, y al régimen especial de las agencias de viaje, se establece la obligación de consignar el importe total de la operación tanto en el libro registro de facturas expedidas como en el de facturas recibidas.
  • Se aclara que para poder realizar asientos resúmenes en el libro registro de facturas expedidas es necesario que las facturas se hayan expedido en la misma fecha. § Se realizan ajustes técnicos en los plazos para la remisión de los registros de facturación en relación con:

1. La información correspondiente a los cobros y pagos de las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja deberá suministrarse en el plazo de los cuatro días naturales desde el cobro o pago correspondiente.

2. La información correspondiente a las facturas rectificativas expedidas y recibidas, deberá suministrarse en el plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca la expedición o el registro contable de la factura, respectivamente. No obstante, en el supuesto de que la rectificación determine un incremento de las cuotas inicialmente deducidas la información deberá suministrarse, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

3. En las operaciones no sujetas a IVA por las que se hubiera debido expedir factura pero que no se haya hecho, el plazo máximo para suministrar la información, a efectos de poder determinar el incumplimiento de la obligación, se fija en el día 15 del mes siguiente a la fecha en que se hubiera realizado la operación.

4. En el caso de las rectificaciones de los errores cometidos en las anotaciones registrales, el suministro de los registros de facturación que recojan tales rectificaciones deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo en el que se tenga constancia del error. Con la intención de favorecer la implantación voluntaria del SII, se mantiene el periodo de liquidación trimestral para aquellos sujetos pasivos que opten voluntariamente por su aplicación. Antes de la entrada en vigor de esta modificación, los sujetos pasivos que optaban por la aplicación del SII pasaban a estar obligados a presentar declaraciones mensuales de IVA. Asimismo, en la Orden HFP/1307/2017 se prevé que los sujetos pasivos que opten voluntariamente por el SII estarán obligados, a partir del mes de febrero, a hacer mención de ello en el impreso de la declaración de IVA (modelo 303), marcando la opción que se ha incorporado en el apartado de identificación.

5. Modificaciones en el régimen sancionador del SII introducidas por el RD 1072/2017 que modifica el Reglamento General del régimen sancionador tributario. La modificación operada en el Reglamento General del régimen sancionador tiene como objeto la incorporación a nivel reglamentario de las medidas introducidas ya hace tiempo en la Ley General Tributaria (en adelante, LGT) tanto por la Ley 7/2012, como por la Ley 34/2015. La modificación del reglamento sancionador entró en vigor el 1 de enero de 2018.

c) A continuación, comentamos las modificaciones más destacables que hacen referencia al régimen sancionador asociado al incumplimiento de la obligación de llevanza de los libros registros de IVA, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (SII).

En primer lugar, el Reglamento sancionador establece que es retraso en el cumplimiento de la obligación (y por lo tanto, no es omisión), el suministro de los registros posteriormente a haber finalizado el plazo establecido al efecto. La LGT establece que el retraso en la obligación de llevanza de los libros registros de IVA por medios electrónicos constituye infracción grave, sancionándose con multa pecuniaria proporcional del 0,5% del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros. Pues bien, la modificación introducida en el Reglamento aclara que la multa proporcional del 0,5% se refiere sólo a los retrasos relativos a los libros registros de facturas expedidas y recibidas. Si el retraso se refiere a libros registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias, la sanción será de una multa fija de 150 euros por cada registro. Asimismo, la modificación precisa que el referido porcentaje del 0,5% se aplica sobre el importe total que corresponda a cada registro de facturación, incluyendo el propio IVA que derive de la operación en cuestión, así como cualquier recargo o compensación que incluya la factura. En relación con la determinación del importe total de la operación, en los casos de operaciones sujetas al régimen especial de criterio de caja del IVA, el Reglamento señala qué se considera importe total del registro los siguientes:

− Si el registro se refiere a la propia factura de la operación, el importe total de la factura; con independencia de si junto a la factura se facilita información relativa al cobro o pago de la misma.

− En los registros acerca el cobro o pago de la factura, el importe de las distintas magnitudes monetarias a informar según el Reglamento de IVA. Finalmente, el Reglamento establece que, a efectos de aplicar el importe mínimo y máximo trimestral de la sanción por retraso en el cumplimiento de la obligación, se tendrá en cuenta el conjunto de infracciones cometidas en cada trimestre natural (enero-marzo, abril-junio, etc.).

Con efectos 2018 se ha avanzado el plazo de presentación del modelo 184 “declaración informativa anual a presentar para las entidades en régimen de atribución de rentas”, que deberá ser presentado entre el 1 y el 31 de enero de cada año. En este sentido, el modelo 184 referente al ejercicio 2017 deberá ser presentado entre el 1 y el 31 de enero de 2018.

Este modelo es el que deben presentar, entre otras, las Comunidades de Bienes, conteniendo la información sobre los ingresos y gastos anuales; el modelo 184 hasta ahora se presentaba en el mes de febrero de cada año respecto del año natural anterior. Lo mismo sucede para los modelos 171 “declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento” que deben presentar las entidades financieras y 345 “declaración informativa anual de participes y aportaciones de planes de pensiones y sistemas alternativos”, que deben presentar las entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social. Estas dos declaraciones deberán ser presentadas, a partir de 2018, entre el 1 y el 31 de enero de cada año cuando hasta ahora se presentaban en marzo y febrero respectivamente.

En cuanto a la “declaración anual de operaciones con terceras personas”, modelo 347, si bien el plazo de presentación de la misma para el ejercicio 2017 se mantiene entre el 1 y el 28 de febrero de 2018, a partir de 2019 (incluye modelo 347 de 2018 y siguientes) la fecha de presentación también se avanza entre el 1 y el 31 de enero.

 

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Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2006

Circulares

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto que actualmente se encuentra en trámite parlamentario modifica la tributación de las ganancias patrimoniales.

En esta circular tratamos de explicar, a través de ejemplos, la tributación de la venta de inmuebles tras la reforma.

Novedades en la transmisión de inmuebles:

  • Se elimina los coeficientes de actualización del artículo 35 de la Ley 35/2006 de actualización del valor de los inmuebles.
  • Se elimina los coeficientes reductores regulados en la Disposición transitoria novena aplicables a las ganancias derivadas de transmisión de elementos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994.

En las páginas siguientes exponemos la tributación por la transmisión de inmueble en los siguientes supuestos:

  • Inmueble adquirido en enero de 1990 y transmitido en junio de 2014, 2015 y 2016.
  • Inmueble adquirido en enero de 2000 y transmitido en junio de 2014, 2015 y 2016.