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Funciones directivas desempeñadas por los administradores de la holding: exención IP

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Consulta de la DGT de interés

Posibilidad de que las remuneraciones por funciones directivas desempeñadas por los administradores de la «holding» sean satisfechas por las filiales, sin pérdida del derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Consulta V0758-18 de 21/03/2018. En el mismo sentido V0810-18

En diversas contestaciones de esta Dirección General, entre las que figuran las que se citan en el escrito de consulta, se ha señalado que, a efectos de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, no
es preciso que las funciones directivas ejercidas en una determinada entidad “holding” sean remuneradas por la misma, pudiendo serlo por las filiales, siempre que así se prevea en la escritura o estatutos sociales. Así, p.ej. en una de las mencionadas, en la V4970- 16, para un supuesto de tres entidades, “holding”, intermedia y operativa, se dice que “…no es preciso que sea la propia entidad en la que se ejerzan las funciones la que satisfaga su importe, si bien habrá de hacerse la previsión oportuna en la escritura o estatutos. Consiguientemente y para el supuesto planteado, las tres entidades habrán de ajustarse a tal exigencia”.

La previsión habrá de hacerse, por tanto, tanto en la matriz como en las filiales, si bien no existe una cláusula “tipo” a tal efecto. Parece lógico entender que, sea cual sea la redacción que se adopte, se deberá hacer constar, en el caso de la matriz, que las remuneraciones por el ejercicio de funciones directivas serán satisfechas por la filial o filiales de que se trate y, a la inversa, en la documentación social de estas, habrá de hacerse una previsión de remuneración de quienes ejerzan funciones directivas en la “holding”.

Resumen: No es preciso que las funciones directivas ejercidas en una determinada entidad “holding” sean remuneradas por la misma, pudiendo serlo por las filiales, siempre que así se prevea en la escritura o estatutos sociales.

El proyecto de Ley de Secretos Empresariales inicia su tramitación

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El pasado viernes 25 de mayo el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales. A través de dicha norma se transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 8 de junio de 2016, que pretende reforzarla protección de la información empresarial no divulgada contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, dado que no existía un similar grado de protección de dicha materia entre los estados miembros.

La realidad del mundo globalizado en el que nos encontramos, así como el mayor uso de las nuevas tecnologías en relación a la información y a los medios de comunicación hacen necesaria una mayor protección a las empresas ante prácticas desleales relativas a los secretos empresariales, tanto en su obtención, utilización y/o revelación ilícita. La cobertura que se pretende no solo abarca conocimientos técnicos, sino que se amplía el perímetro hacia otros datos susceptibles de protección, como pueden ser la información sobre clientes y proveedores o estudios, informes o estrategias de mercado. Es por ende que el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales viene a reforzar la seguridad jurídica de los titulares de secretos empresariales, suponiendo, sin lugar a dudas, una apuesta por aumentar el valor de la investigación y las innovaciones.

El Proyecto de Ley contiene veinte artículos distribuidos en cuatro capítulos que señalaremos a modo de resumen a continuación. Una de las novedades más significativas la encontramos en la definición de “secretos empresariales” que encontramos en el capítulo I, que hace que entendamos como tal, cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa, que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

En su capítulo II el Proyecto enumera y diferencia las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales de aquellas prácticas de obtención, utilización y revelación de información que se consideran lícitas.

Asimismo, el capítulo III recoge las acciones de defensa de los secretos empresariales, que tendrán que ejercerse de forma proporcionada y evitando los obstáculos al libre comercio evitando en cualquier caso la mala fe o el abuso del derecho, llegándose a velar especialmente por la indemnización de daños y perjuicios y se fija el plazo de prescripción de las acciones.

Finalmente podemos encontrar en el capítulo IV uno de los aspectos que más se refuerzan en el Proyecto de Ley tendentes a garantizar la tutela judicial efectiva del titular de secreto empresarial. Se regulan aspectos procesales que ofrecen al afectado herramientas efectivas como es un proceso eficaz, se vela por la no dilación del procedimiento, normas sobre las diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba y sobre medidas de aseguramiento de la prueba, e incorpora reglas específicas en material de medidas cautelares.

Principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público

Novedades

Ignacio Lleó de Nalda.
Abogado de la Generalitat

El 9 de marzo de 2018 es una de esas fechas que está marcada en rojo en el calendario de todos los que nos dedicamos a la contratación pública, puesto que se producirá la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El origen de la misma la hayamos en el proceso de revisión de las directivas comunitarias en materia de contratación de 20041 que culminó en lo que se ha venido a llamar las Directivas de contratación de cuarta generación2. Las cuales traen causa directa de la implementación de la denominada Estrategia Europa 2020 con el fin de “incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes”3.

A lo largo de la presente entrada, vamos a tratar de realizar una somera descripción de las principales novedades la norma contractual.

Como principal novedad, destacaría el contenido del Art. 1.3 LCSP, dado que se reconoce, como finalidad de la norma, la concepción de la contratación público como un medio de implementación de políticas públicas pasando a tener carácter imperativo la incorporación de criterios sociales y medioambientales que permitan la mejor relación calidad-precio de la prestación contractual dando por superado el concepto de “oferta económicamente más ventajosa” que imperaba en la anterior normativa, sin dejar de lado que el propio Art. 1.1 de la actual ley lo mantiene en el propio texto legal.

Junto a lo anterior, el legislador ha plasmado su impulso decidido en permitir el acceso tanto de las PYMES como de las empresas de nueva creación4, para lo cual se contempla la necesaria división del contrato en lotes invirtiendo la regla general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes5. En este sentido la reciente recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 28 de febrero de 2018 analiza el régimen especial de solvencia para este tipo de empresas teniendo presente que únicamente se aplicará a los contratos no sujetos a regulación armonizada (en adelante SARA)6.

Por lo que respecta a los entes sometidos a la ley, hemos de reseñar la inclusión dentro de su ámbito de aplicación de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales al ser considerados poderes adjudicadores respecto de los contratos SARA que liciten. Así mismo, en relación al ámbito subjetivo de la norma, el legislador ha procedido a unificar el régimen jurídico de los contratos al eliminar las instrucciones internas de contratación7 para los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de administración pública8.

Ya hemos hecho referencia al concepto de contrato SARA y a las directivas de cuarta generación, pero sí hemos de indicar que hasta ahora los contratos de concesión no estaban sometidos a la normativa comunitaria cosa que actualmente, tras el vencimiento del plazo de transposición de la Directiva 2014/23/UE ha dejado de ocurrir y se reserva para esta figura contractual, tanto en régimen de obra pública como de servicio, a aquellos negocios jurídicos en los que exista una verdadera transferencia del riesgo operacional al concesionario, es decir el concesionario deberá asumir realmente tanto el riesgo de explotación de la obra y/o servicio como el de demanda, para lo cual se deberá obtener el beneplácito de la Oficina Nacional de Evaluación9 en lo que respecta a la sostenibilidad financiera de la concesión.

Otro de los aspectos novedosos de la norma, es el aumento de los requisitos de publicidad y transparencia en la tramitación de las licitaciones públicas al establecer como causa específica de nulidad de los contratos el no cumplir los requisitos de publicidad en la Plataforma de contratación del Sector Público10. En este mismo sentido hemos de indicar que al aumentar el ámbito de conocimiento del recurso especial en materia de contratación pública tanto por la cuantía de los contratos que serán objeto de fiscalización por estos órganos administrativos independientes como al ampliar los actos objeto de recurso al incluir también la ejecución del contrato se está ampliando la transparencia al tener que publicitarse las incidencias de la ejecución del contrato, incluido los modificados y los rescates de
concesiones11.

Otra novedad de la hallamos en el establecimiento de un verdadero procedimiento en el caso del contrato menor, al tener que justificar el órgano de contratación la necesidad del mismo así como tener que incorporar la justificación documental de que no existe un fraccionamiento del objeto del contrato lo que está dando lugar a pronunciamientos un tanto dispares de las juntas consultivas12. En lo referente a los tipos de procedimiento, no podemos obviar la desaparición del procedimiento negociado por razón de la cuantía y ser suplido por el novedosos procedimiento abierto simplificado del Art. 159 LCSP.

En la esfera de los licitadores, la principal novedad en la materia a tratar es la forma de prueba de la capacidad y solvencia del contratista. Por ello la capacidad, solvencia y ausencia de concurrencia de prohibiciones de contratar, entre otras, serán acreditadas por medio de una declaración responsable, bien sea por medio de la redacción del documento europeo único en materia de contratación (en adelante DEUC) o bien por medio de la cumplimentación del modelo de declaración responsables que se incluya en el pliego por el que se rija el contrato en los términos del Art. 141 LCSP, limitando la obligación de acreditar documentalmente el que se reúnen todos los requisitos para el propuesto como adjudicatario.

Por lo que respecta a la composición de las mesas de contratación, encontramos una apuesta decidida del legislador tanto por la profesionalización de su composición13 al establecer que no pueden formar parte de la mesa los cargos públicos representativos ni el personal eventual y únicamente podrán formar parte de ella los funcionarios interinos cuando se acredite en el expediente de inexistencia de funcionarios de carrera suficientemente cualificados para configurarla correctamente14.

No podemos concluir esta somera relación de novedades de la norma de contratación pública sin mencionar la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano ex novo cuya misión es velar por la correcta aplicación de la legislación promoviendo la concurrencia y combatiendo cualquier tipo de ilegalidad para lo cual promoverá los códigos de buenas prácticas administrativas. Para la aplicación de los anteriores objetivos aprobará la Estrategia Nacional de Contratación Pública, como instrumento jurídico vinculante para todo el sector público cuyos objetivo principales serán el combate de la corrupción y la profesionalización de la contratación pública.

Grandes novedades todas ellas cuya finalidad no es otra que el combate de la corrupción, la eliminación de las cargas administrativas, tanto para los licitadores como para los propios poderes adjudicadores al tener que tramitar electrónicamente el expediente, y la implementación de políticas públicas por medio de la contratación.

1 Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
2 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
3 Véase el considerando 2º de la Directiva
4 De conformidad con el Art. 88.2 LCSP hemos de entender como tal aquella que tiene una antigüedad inferior a los cinco años
5 Véase el apartado V de la exposición de motivos de la Ley.
6 De conformidad con los Arts. 19 y siguientes de la LCSP, con carácter general están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros y los de servicios y suministros cuyo valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y 221.000 euros en el resto de poderes adjudicadores.
7 En este sentido véase la entrada del Prof. Gimeno Feliu en el blog del Observatorio de Contratación Pública de 7 de febrero de 2018 y el instrucción del Abogado General del Estado de 17 de enero de 2018.
8 Véase el apartado 2º de la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 28 de febrero de 2018.
9 Véase el Art. 333 LCSP.
10 Art. 39.2.c) LCSP.
11 Véase el Art. 44 LCSP.
12 Véase el Informe 3/2018 de la Junta de Aragón y el 5/2018 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
13 Véase el Informe el 3/2018 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre la composición de las mesas de contratación.

 

La paralización del mercado de genéricos

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En base al observatorio de medicamento (informe diciembre) elaborado por FEFE, hoy hablamos en nuestro blog de la paralización del mercado de genéricos debido a su precio, que ha llevado a que 900 farmacias tengan que ser subvencionadas.

A día de hoy se puede decir que el sistema de precios de referencia actual ha quebrado, a pesar de tener interés en el pasado. Y es que dada esta situación se ha ha hecho inviable las dispensaciones a precios tan bajos.

La patronal de las oficinas de farmacia FEFE que siempre ha apoyado los medicamentos genéricos, nunca se ha mostrado a favor del actual sistema de precios de referencia, ni de las medidas impuestas por los distintos gobiernos para comedir el gasto, (medidas básicamente dirigidas a contener la oferta y reducir los precios)

Los Reales Decretos Leyes y las normas implantadas en cada trance, han derivado en una problemática importante, detectada sobretodo, en la extensión del mercado de genéricos. Dada esta situación los más perjudicados son las farmacias y las mismas empresas de genéricos.

Según dicho observatorio, el pasado año 2017 concluyó con un crecimiento inferior al del año anterior en lo que respecta al mercado financiado, así como al total. Las farmacias se han visto desprovistas de 420 millones de euros, lo que ha beneficiado a comunidades autónomas, por las deducciones y los descuentos establecidos por los Reales Decretos Leyes, que se publicaron en tiempos diferentes en los que el crecimiento del mercado era el protagonista. Ahora se deberían abolir esos decretos que hacen descender el margen al 22% en productos financiados.

Después de veinte años desde que se introdujera los genéricos en España, se confirman las dificultades para conseguir mayores cuotas de mercado, ya que como se ha señalado, incluso se ha efectuado un descenso de este mercado entre 2016 y 2017.

La Asociación Patronal AESG ha propuesto medidas, que tienen que ver fundamentalmente con establecer una diferenciación de precios con los medicamentos de marca. De esta manera se potenciaría la prescripción por principio activo y se alcanzaría la unidad de mercado, evitando medidas como las subastas.

Fijando la vista en datos de finales de 2017, se concluye que el mercado financiado presenta una recuperación muy lenta y que el mercado total se encuentra estancado. El consumo de recetas es indicador clave de la demanda, que presenta con respecto al año anterior un aumento de 400.000 recetas en el mismo mes.. El gasto medio también es indicador, ya que en el mes de diciembre aumentó en un 2,13% por receta.

Según dicho observatorio, la demanda de medicamentos financiados continúa normalizándose respecto al año 2012, aunque se piensa que nunca llegará a alcanzar la misma cifra de ese año.

Alfonso & Picó Consultores, más de 25 años aportando valor

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El pasado viernes 16 de febrero tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante​ un evento a cargo del Despacho Alfonso y Picó Consultores, con sede en Alicante y Albacete.

El acto fue inaugurado por José Francisco Alfonso Palop​, socio director del despacho, quien dio la bienvenida a los invitados agradeciendo la asistencia y explicando la razón de ser de dicho encuentro.

Los motivos de la celebración fueron de diversa índole, entre los que destacaron el aniversario del despacho, así como una muestra de agradecimiento a los clientes y colaboradores de la firma.

Al acontecimiento asistieron dos invitados de honor, que como ya indicó José Francisco, no habían sido invitados al azar, sino por representar los valores y filosofía del despacho Alfonso & Picó Consultores.

La primera intervención, a cargo de Jesús Gascón​, Inspector de Hacienda del Estado y ex Director General de Tributos, consistió en la exposición de un análisis de la situación actual y futura del contribuyente con la agencia tributaria, y la comparativa con otros sistemas fiscales europeos.

A continuación, le precedió Victor Küppers,​ formador y conferenciante motivacional que con su habitual sentido del humor supo transmitir a las más de 300 personas que se dieron cita en el evento, algunas claves para vivir la vida con entusiasmo.

A continuación, le precedió Victor Küppers,​ formador y conferenciante motivacional que con su habitual sentido del humor supo transmitir a las más de 300 personas que se dieron cita en el evento, algunas claves para vivir la vida con entusiasmo.

Al evento aniversario organizado por ALFONSO & PICÓ acudieron más de 300 personas 

Tras ambas intervenciones, José Francisco Alfonso Palop, clausuró la tarde recordando que
el mayor potencial de las organizaciones son las personas, y que es justo esta la apuesta que se ofrece desde ALFONSO & PICÓ CONSULTORES, siempre desde el compromiso​, la profesionalidad​ y la cercanía con los clientes​.

 

 

Nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de Información SII

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  • Los contribuyentes obligados al SII (y aquellos que voluntariamente decidan utilizarlo) deberán enviar el detalle de los registros de facturación en un plazo de cuatro días a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. No obstante, durante el primer semestre de vigencia del sistema los contribuyentes tendrán un plazo extraordinario de envío de la información que será de ocho días (en el cómputo de ambos plazos se excluyen sábados, domingos y festivos nacionales).
  • Podrán presentar e ingresar sus autoliquidaciones periódicas del IVA diez días más tarde de lo que viene siendo habitual.
  • Dejarán de tener la obligación de presentar los modelos 347 (operaciones con terceras personas), 340 (libros registro) y 390 (resumen anual del IVA).
  • Los contribuyentes podrán contrastar la información de sus Libros Registro con la información suministrada por sus clientes y proveedores siempre que estén también incluidos en el sistema

El vigente sistema de gestión del IVA lleva funcionando, con las necesarias adaptaciones, desde hace más de 30 años. Sin embargo, la situación tecnológica actual permite a la AEAT la implementación de un nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA en este momento, mejorando, según la Agencia, de esta forma el control tributario y la asistencia al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones.

Con las recientes modificaciones introducidas en el Reglamento del IVA se instaura este nuevo sistema de gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido basado en la llevanza de los Libros Registro del Impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación.

El “Suministro Inmediato de Información” (SII) va a permitir tener una relación bidireccional, automatizada e instantánea. A su vez se configura como una novedosa herramienta de mejora y eficiencia en el control tributario.

El SII consiste, básicamente, en el suministro electrónico de los registros de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica (mediante servicios web basados en el intercambio de mensajes XML, o en su caso, mediante la utilización de un formulario web), con cuya información se irán configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. Pero no se trata de remitir las facturas concretas de los contribuyentes.

En el supuesto de facturas simplificadas, emitidas o recibidas, se podrán agrupar, siempre que cumplan determinados requisitos, y enviar los registros de facturación del correspondiente asiento resumen.

El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el “SII” está integrado por todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el Impuesto sobre el Valor Añadido sea mensual:

  • Grandes Empresas (facturación superior a 6 millones de €)
  • Grupos de IVA
  • Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)

Este colectivo cuenta actualmente con sistemas desarrollados de software que se encuentran en disposición de adaptar para dar cumplimiento al envío de los registros de facturación en un plazo de cuatro días (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales).

Durante el segundo semestre del 2017 los contribuyentes tendrán un plazo extraordinario de envío de la información que será de ocho días (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales).

De forma adicional cualquier otro sujeto pasivo que así lo quisiera puede optar por su aplicación. Esta opción implicará que su obligación de autoliquidación será mensual y que además deberá permanecer en el sistema al menos durante el año natural para el que se ejercita la opción. La opción por la aplicación del SII deberá realizarse durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. La opción para el ejercicio 2017 deberá realizarse durante el mes de junio de este año.

Se trata de un nuevo sistema que incidirá sobre unos 63.000 contribuyentes que representan aproximadamente el 80 por 100 del total de la facturación empresarial del país.

Compliance Legal – Novedad

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¿Qué es?

Trata de prevenir o reducir al máximo las posibilidades de comisión de delitos penales dentro de la empresa eximiendo o atenuando, en su caso la responsabilidad que por ello se transmitiría a las personas jurídicas. Las personas jurídicas desde la reforma del Código Penal de 2015 tienen responsabilidad penal.

Declaración de bienes y derechos situaciados en el extranjero

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OBLIGADOS A DECLARAR:

Pesonas Físicas Residentes

Se entiende que están obligados a presentar la declaración informativa modelo 720, entre otros, las personas físicas residentes en territorio español, entendiéndose comprendidos a estos efectos la totalidad de contribuyentes que han de tributar en el IRPF por la integridad de su renta.

Las personas físicas residentes en España, acogidas al régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español previsto en el artículo 93 de la Ley 35/2006, del IRPF NO tienen obligación de presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, en cambio este régimen no se extiende al resto de miembros de su unidad familiar, por lo que, éstos, SI tienen obligación de informar  sobre bienes y derechos situados en el extranjero en la medida en la que sean residentes fiscales en España

Supuestos especiales

Las personas físicas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la LIRPF se equiparan a las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español a efectos de su consideración como contribuyentes del IRPF.

Los miembros de organismos que, en virtud de sus estatutos o de las normas que le fueran aplicables, estén obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias de imposición directa en España como contribuyentes del IRPF.  Tal sería el caso, por ejemplo, de los funcionarios y agentes de la Unión Europea que tuviesen su residencia habitual en territorio español en el momento de entrar al servicio de la Unión y establezcan su residencia en el territorio de otro estado miembro únicamente en razón del ejercicio de sus funciones  ya que conservan la condición de residentes fiscales en nuestro país España y tributan en España por la integridad de su renta, esto es, por su renta mundial.

Personas físicas no residentes

Si una persona física se traslada al extranjero una vez iniciado el ejercicio y debe presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas por este ejercicio, SI tiene obligación de presentar el Modelo informativo respecto a los bienes y derechos en el extranjero.

Las personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español que tengan registrados en su contabilidad los bienes y derechos en el extranjero de los que son titulares de la forma establecida en la normativa reguladora de las tres obligaciones de información NO tienen obligación de informar sobre los mismos.

Las personas físicas residentes en territorio español, que desarrollan una actividad económica y llevan su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio:

  • Si son titulares de cuentas en entidades financieras en el extranjero  y las mismas están registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificada con su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas, NO existe obligación de informar sobre las mismas.
  • Si son titulares de valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero  respecto a los que existe obligación de declarar, el hecho de que estén registrados en la contabilidad de la persona física no excluye de la obligación de informar sobre los mismos, ya que la misma no ha sido incluida en la norma, por lo que habrá de cumplirse con la obligación de información sobre los mismos.
  • Si son titulares de bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero y se encuentran identificados de forma individualizada y suficiente, NO existe obligación de informar sobre los mismos

Bienes y derechos situados en el extranjero

“C”: Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio y se encuentren situadas en el extranjero.

La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:

a)     La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio.

b)     La identificación completa de las cuentas.

c)     La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización.

Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

“V”: Valores o derechos situados en el extranjero representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica, valores situados en el extranjero representativos de la cesión de capitales propios a terceros o aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.

“I”: Acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero.

“S”: Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias, cuyas entidades aseguradoras se encuentren situadas en el extranjero.

La declaración informativa contendrá los siguientes datos:

a) Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica, según corresponda, así como su domicilio.

b) Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas.

La información comprenderá el número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor.

c) Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

La información comprenderá el número y clase de valores de los que se sea titular, así como su valor.

d) Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente.

La información comprenderá el número y clase de valores aportados, así como su valor.

La obligación de información regulada en este apartado también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de los valores y derechos a los que se refieren los párrafos b), c) y d) anteriores en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

“B”: Titularidad y derechos reales sobre inmuebles ubicados en el extranjero.

La declaración informativa contendrá los siguientes datos:

a) Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipología, según se determine en la correspondiente orden ministerial.

b) Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número.

c) Fecha de adquisición.

d) Valor de adquisición

La sanción mínima por la falta de presentación del Modelo 720 en el primero de los casos, en el que se incumplen las tres obligaciones de información, sería de 30.000 €. En el que se incumple una sola obligación de información, la sanción mínima de 10.000 €.

a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

Ejemplo: En el cuadro siguiente se recogen tres cuentas sobre las que se debería informa en el Modelo 720. 

Se han omitido o declarado de forma incompleta/inexacta/falsa incompleta tres datos o conjuntos de datos de tres cuentas diferentes (de tres registros distintos).

 

   Datos o conjuntos de datos

Razón social (den.) + domicilio

Identificación completa CCC

fecha de apertura / concesión

saldo a 31/12

saldo medio último trimestre

Cuenta nº 1

X

Cuenta nº 2

X

Cuenta nº 3

X

La sanción mínima opera por cada obligación de información, en este caso opera por la obligación de información recogida en el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. La sanción mínima será de 10.000 euros.

La sanción correspondiente al caso planteado en el que se incumple la obligación de informar omitiendo o bien declarando de forma incompleta, inexacta o falsa, dos conjuntos de datos y un dato, será de 15.000 euros (5.000 euros/dato o conjunto de datos)

Presentación fuera de plazo:

En todos los supuestos anteriores, la sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

Con independencia de las sanciones por el incumplimiento de la obligación formal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, “en todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.”

De modo similar se establece en el apartado 6 del artículo 134 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que “En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada que se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes y derechos respecto de los que el sujeto pasivo no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto pasivo de este Impuesto. ”

Novedades Fiscales 2017 – Qué cambios te afectan a partir de enero de 2017

Novedades

Algunas Novedades Fiscales

1. FACTURAS:

[El artículo 18 «Plazo para la remisión de las facturas» del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (RD 1619/2012 modificado con efectos desde el 01/01/2017 por el apartado dos del artículo tercero del RD 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA]

El plazo para remitir la factura se acorta.

A partir del 1 de enero de 2017 las facturas tienen que “EXPEDIRSE Y REMITIRSE” al cliente antes del 16 del mes siguiente a la fecha en que se devengue el IVA.

Hasta el 31 de diciembre de 2016 debían expedirse en el mismo plazo pero podía remitirse al cliente en el plazo de 1 mes desde que se expedía la factura.

2. APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS:

[El número 2 del artículo 65 de la Ley General Tributaria ha sido modificado con efectos 01/01/2017 por el apartado dos del artículo 6 del RD-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social]

A partir del 1 de enero no se aceptarán las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las siguientes deudas:

  • RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA: Las correspondientes a obligaciones del retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, sin excepciones. Estas corresponden a las retenciones e ingresos a cuenta practicados por un empresario o profesional.
  • IVA: Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Es decir, el pago del IVA no se podrá aplazar salvo que pueda acreditarse que no ha sido cobrado.
  • PAGO FRACCIONADOS: Los pagos fraccionados del IS.
  • RECURSOS Y RECLAMACIONES: Las que resulten de haber perdido un recurso o reclamación (en vía económico-administrativa o contencioso-administrativa) si durante la tramitación del proceso se suspendió la ejecución, es decir, el cobro.

Las deudas que no son aplazables, tampoco podrán pagarse en especie.

El 13 de enero en la web de la Agencia Tributaria se colgó un anuncio en el que establece que para los autónomos (y sólo para estos) podrán solicitar aplazamientos y fraccionamientos de IVA (y sólo de IVA) hasta 30.000 euros y sin garantías, ni requisitos adicionales, y a partir de 30.001 euros con garantías y deberán acreditar que las cuotas de IVA repercutidas no han sido pagadas.

 

3. LOS COMERCIOS PODRÁN GESTIONAR LA DEVOLUCION DEL IVA A LOS VIAJEROS ELECTRONICAMENTE:

[La Letra B) del apartado 2º del número 1 del artículo 9 «Entregas en régimen de viajeros» del Reglamento del IVA (Real Decreto 1624/1992 se modifica con efectos 1 de enero de 2017 por el apartado uno del artículo primero del RD 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA.]

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

La Agencia tributaria ha implantado el sistema DIVA consistente en la digitalización del sellado de las facturas para la devolución del IVA de viajeros. Este sellado digital tiene plena validez jurídica.

El sistema DIVA consiste en que las tiendas, directamente o a través de las empresas de tax free, envían a la Agencia Tributaria las facturas correspondientes a las ventas tax free que realizan (documento electrónico de reembolso). Para el viajero tiene la ventaja de que agiliza el procedimiento de devolución.

El envío de esta información por parte de las tiendas puede efectuarse de dos formas:

  • Un servicio web para envíos masivos de información (apropiado para un perfil de grandes cadenas de distribución y tiendas que usen los servicios de operadores de tax free).
  • Un formulario web en la página de la Agencia Tributaria (especialmente diseñado para PYMES).

 

4. A PARTIR DEL 1 DE ENERO EL VALOR CATASTRAL DE LOS INMUEBLES SUBIRÁ EN 1900 MUNICIPIOS:

[El artículo 7 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social fija para 2017 los coeficientes de actualización de valores catastrales del artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario]

La subida del valor catastral de los inmuebles en los municipios establecidos en la Orden HAP/1553/2016 tiene efectos directos sobre determinados impuestos que los propietarios deben pagar:

  • En el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de liquidación anualmente, y
  • El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVITNU), que se paga al vender el inmueble.

5. EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:

[REAL DECRETO 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del IVA]

Entrada en vigor:

1 de julio de 2017.

¿Qué es?:

Se establece la obligación de remitir a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la información que contienen los libros registros del IVA, además de algunos datos adicionales.

Quede claro que no se remiten las facturas propiamente dichas (emitidas o recibidas) sino la información o los datos obligatorios que constan en los libros registros. Este sistema supondrá la llevanza de los libros registro del IVA a través de la página web de la AEAT. La AEAT con este sistema podrá crear una base de datos fiscales que podrá utilizar el sujeto pasivo en el momento de presentar sus autoliquidaciones por IVA.

Sujetos obligados:

De forma obligatoria, este SII alcanza a los siguientes sujetos pasivos del IVA:

  • Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)
  • Grandes Empresas (facturación superior a 6.010.121,04 €)
  • Grupos de IVA

De manera voluntaria, podrán acogerse al SII el resto de empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos, mediante la presentación de la declaración censal en la que optará por aplicar el sistema.

Plazo para suministrar la información:

Para el supuesto de los libros registro de facturas expedidas y recibidas se establecen las siguientes reglas:

  • El plazo para suministrar la información será de 4 días naturales a computar desde la fecha de su expedición o desde la fecha del registro contable de la factura, respectivamente. A estos efectos no se tendrán en cuenta los sábados, domingos y festivos nacionales.
  • Si las facturas son expedidas por un tercero o por el destinatario de las operaciones, el plazo de remisión de los datos relativos a facturas expedidas será de 8 días naturales.

No obstante, para ambos casos se establece una fecha tope de suministro de información, de manera que los datos relativos a facturas expedidas deberán suministrar antes del día 16 del mes siguiente.

No obstante, para el año natural 2017, teniendo en cuenta que la entrada en vigor de este sistema de SII es a partir de 1 de julio de 2017, el plazo de cuatro días se amplía a ocho días naturales.

 

6. SOCIEDADES CIVILES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES:

Artículo 7 de la Ley 27/2014 del IS [modificado por Ley 5/2015].

En 2016 finalizó el periodo especial de adaptación por lo que en 2017 todas las sociedades civiles con objeto mercantil y que desarrollen una actividad económica tienen que tributar exclusivamente por el impuesto de sociedades.

 

7. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

[Artículo 33 de la Ley 19/1991 ha vuelto a ser prorrogada su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2018]

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, tal y como ya se esperaba, se confirma que para el 2017 se seguirá exigiendo su gravamen, para así contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas, principalmente, de las Comunidades Autónomas.

 

8. SOCIMIS EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES DE NO RESIDENTES

[Artículo 10 de la Ley 11/2009 en su redacción dada por el RD-Ley 3/2016]

Para periodos impositivos iniciados a partir del próximo 1 de enero, respecto de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, no será de aplicación la exención establecida en el artículo 21 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades en relación con las rentas positivas obtenidas en la transmisión o reembolso de la participación en el capital de las sociedades que hayan optado por la aplicación de este régimen.

 

9.CAMBIA LA TRIBUTACION DE LA VENTA DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN EN EL IRPF:

[Artículo 37 de la Ley 35/2006 en su redacción dada por la Ley 27/2014]

Hasta ahora, quienes vendían derechos de suscripción en Bolsa no tenían que incluir esa venta en la declaración del IRPF, ya que las cantidades recibidas se restaban del valor de adquisición en el momento de vender las acciones de las que proceden esos derechos. Sin embargo a partir del 1 de enero de 2017 la totalidad del importe recibido por la venta de derechos de suscripción se declara como ganancia patrimonial en el año en que se venden los derechos. Además, esa ganancia está sometida a retención.

 

10. SUBE EL LIMITE DE COMPENSACIÓN EN EL IRPF

[Artículo 49 de la Ley 36/2006 en su redacción dada por la Ley 14/2015 – en relación con la DA 12]

En 2017 vuelve a subir el límite de compensación entre pérdidas patrimoniales y rendimientos del capital mobiliario de la base del ahorro. Si  tienes pérdidas o rendimientos negativos puedes compensarlos  con el saldo positivo de rendimientos o ganancias, con el límite del 20%. Este límite volverá a incrementarse en 2018, y quedará fijado en el 25% a partir de ese momento.

En 2017:

  • Los rendimientos negativos del capital mobiliario se compensan primero con otros rendimientos positivos del capital mobiliario generados durante el año. Si el resultado de la compensación es negativo, su importe se podrá compensar con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales, pero con el límite del 20% de dicho saldo positivo.
  • Las pérdidas patrimoniales se compensan primero con ganancias y si el saldo es negativo, su importe se podrá compensar con el saldo positivo de rendimientos de capital mobiliario, con el límite del 20% de dicho saldo positivo.
  • En ambos casos si tras realizar las compensaciones quedase saldo negativo, su importe se compensará de la misma manera en los cuatro años siguientes.

 

11ADIOS AL PADRE EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Este año desaparece el Programa PADRE, por lo que todas las declaraciones deberán confeccionarse directamente online a través del Sistema Renta WEB. Se podrá presentar telemáticamente la declaración de IRPF de la campaña 2016 desde el 5 de abril de 2017.

Jornada en Albacete: Análisis de las últimas novedades fiscales y de la tributación de las Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes

Novedades

Se tratarán, desde una perspectiva eminentemente práctica, las novedades incorporadas en la reforma en materia tributaria del IRPF/Impuesto Sociedades, así como un análisis de los criterios interpretativos de la tributación de las Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes.

PONENTES:

  • Jose Francisco Alfonso Palop
  • Jose Antonio Picó López

A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar es imprescindible confirmar su asistencia.

FECHA:
9 de diciembre de 2015

HORA:
De 19:00 a 21:00 horas

LUGAR:
Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA)
C/Zamora,40 Albacete

CONTACTO:
María Alfaro 967266483-628853693 malfaro@alfonsopico.es